En un intento por apoyar a las entidades sociales, el Institut Valencià de Finances (IVF) ha activado una línea de financiación dotada con 75 millones de euros. Esta iniciativa, publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), ofrece préstamos bonificados con un interés fijo del 1,5% a organizaciones beneficiarias de acciones concertadas en 2023.
Aunque a simple vista esta medida parece generosa y oportuna, cabe preguntarse si realmente fomenta la independencia y el crecimiento de estas entidades, o si por el contrario, las mantiene en una posición de dependencia hacia la administración pública.
Las cinco modalidades de financiación ofrecidas abarcan desde centros que asisten a personas con diversidad funcional, menores, adolescentes y personas en riesgo de exclusión social, hasta aquellos que asisten a personas mayores. También se incluyen inversiones en infraestructuras de servicios sociales y financiamiento para organizaciones sindicales y empresariales en la Comunitat Valenciana.
En 2022, el IVF realizó 102 operaciones en el ámbito social, destinando 78,9 millones de euros. A pesar de la cantidad de recursos invertidos, es crucial analizar si estos préstamos se traducen en un impacto duradero y sostenible para las entidades y sus beneficiarios.
Desde una perspectiva liberal en lo económico, es necesario preguntarse si estos fondos públicos podrían ser mejor empleados en medidas que fomenten la creación de empleo y el crecimiento del sector privado. En lugar de mantener a estas organizaciones atadas a la ayuda estatal, ¿no sería preferible impulsar políticas que permitan a las entidades sociales autofinanciarse y prosperar en un entorno competitivo?
En resumen, si bien la iniciativa del IVF puede parecer prometedora, es fundamental examinar si realmente contribuye al crecimiento y la autosuficiencia de las entidades sociales o si, por el contrario, perpetúa su dependencia de la administración pública.
