El espectro de Carles Puigdemont, el expresidente catalán, sigue dominando el panorama político español. Este miércoles, la Justicia Europea ha dado un golpe monumental al retirar definitivamente la inmunidad parlamentaria a Puigdemont y a los también eurodiputados y exconsejeros de la Generalitat, Toni Comín y Clara Ponsatí.
Este revés del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) da vía libre al instructor del ‘procés’, el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, para emitir una nueva orden de detención europea reclamando su entrega a España. En la danza de la política, la melodía está cambiando, y el último baile de Puigdemont en el escenario europeo puede estar cerca del final.
Pero el indomable Puigdemont, refugiado en su autoexilio, «Defenderemos hasta el final nuestros derechos fundamentales», manifiesta. Su defensa insiste en que hay un largo camino por recorrer en el proceso judicial. La estrategia, a cargo del abogado Gonzalo Boye, es pedir como medida cautelar que se mantenga la inmunidad de sus representados, mientras no se resuelva el caso de manera definitiva.
Lo cierto es que el caso del TGUE se remonta a 2020, cuando Llarena solicitó al Parlamento Europeo que suspendiese la inmunidad de los tres eurodiputados, tras su reconocimiento como tal en las elecciones de 2019. En un intento de conservar su protección, Puigdemont, Comín y Ponsatí recurrieron la decisión. Alegaron, entre otras cosas, que el Supremo no tenía competencias para solicitarlo y que la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo era hostil hacia el independentismo.
No obstante, el tribunal ha apuntado que la pertenencia del ponente encargado del examen de los suplicatorios de suspensión de la inmunidad al grupo de los conservadores es «en principio irrelevante para la apreciación de su imparcialidad». El dictamen también defendió que «la función de ponente se encomienda a un diputado, que, por definición, no es políticamente neutro».
Las reacciones no se han hecho esperar. Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, expresó su total apoyo a los afectados y volvió a denunciar la «represión» contra el independentismo. Adrián Vázquez, eurodiputado y secretario general de Cs, celebró la decisión de la Justicia, considerándola un respaldo al buen nombre y al trabajo del Parlamento Europeo.
Así, mientras la política se asemeja a una arena en constante movimiento, nos enfrentamos a un capítulo más en la saga de la independencia catalana. La pregunta es: ¿Qué acto seguirá a este giro de los acontecimientos?
