Las elecciones son un momento de máxima importancia para cualquier democracia, una cita con el deber cívico y con la responsabilidad de decidir el rumbo de un país. Pero, ¿Qué sucede cuando este crucial encuentro se encuentra en pleno verano, esa época del año en la que la mayoría de los ciudadanos planean su descanso y su desconexión? Esto es lo que está ocurriendo en España, donde el Gobierno liderado por Pedro Sánchez ha convocado elecciones para el 23 de julio y está generando un verdadero problema con las mismas.
Pero, ¿Es lógico o acertado llevar a cabo unos comicios en la época estival? Muchos apuntan a que no, que es una muestra de desprecio hacia el sentido común. El Gobierno parece haber cometido un grave error de cálculo, un error que podría poner en peligro el normal desarrollo de las elecciones.
En España, la ley exige que tres votantes registrados supervisen cada mesa electoral, escogidos por sorteo. Ante la obligación y la amenaza de multas y hasta un año de cárcel para aquellos que rechacen cumplir con este deber, aún así, los ciudadanos parecen reacios. No los culpamos: ¿Quién querría pasar un caluroso día de verano, encerrado, contando votos por una paga irrisoria de 70€?
La escasez de ciudadanos disponibles para llevar a cabo esta tarea está causando un gran problema. En León, por ejemplo, una oficial de la comisión electoral ha revelado que se enfrentan a cientos de puestos sin cubrir. A pesar de que se seleccionaron nueve nombres por cada mesa electoral para contar con un número adecuado de reservas, no es suficiente. La gente parece reacia a renunciar a sus merecidos días de descanso, sobre todo cuando el día de las elecciones coincide con un festival de música en la vecina región de Asturias.
Este suceso pone de manifiesto el desacierto de convocar elecciones en un momento especialmente inoportuno. Muchos españoles ya tienen planeadas sus vacaciones estivales y la perspectiva de una jornada electoral no resulta precisamente atractiva. Nuestro presidente parece haber olvidado que la vida no puede reducirse a la política, menos aún en verano, época en la que el relax y el disfrute de nuestras tradiciones tienen un lugar especial en nuestro corazón.
La solución desesperada de las autoridades para llenar los puestos vacantes ha sido reclutar a personas de pueblos vecinos en provincias con menor población, como Soria. Sin embargo, está por ver si esto será suficiente para garantizar el normal desarrollo de la votación.
De todo este escenario surge una pregunta necesaria: ¿Qué sucede si se celebran elecciones y no hay nadie para supervisar las urnas? Ese es el escenario al que España se enfrenta a solo dos semanas de su votación nacional del 23 de julio, cuando se estima que más de un cuarto de los votantes estará de vacaciones.
El ejemplo de León no es un caso aislado. En Zaragoza, cientos de votantes han impugnado sus notificaciones de conscripción. En Cádiz, se informa que casi la mitad de las plazas están vacantes. Y en Soria como comentábamos, la falta de trabajadores electorales elegibles en algunos pueblos ha llevado a los funcionarios a empezar a buscar a personas de localidades vecinas.
Por tanto, el Gobierno parece haber desoído el sentido común, subestimado la idiosincrasia de nuestro pueblo y no haber tomado en cuenta el verano español, esa época en la que las elecciones parecen pasar a un segundo plano. No debemos olvidar que, en un país donde el verano y sus festividades forman parte de nuestro estilo de vida, convocar unas elecciones en pleno estío puede no ser la jugada más acertada. Quizás sea el momento de que nuestro Gobierno recuerde que hay momentos más propicios para convocar a las urnas.