Un año hace que el exguerrillero Gustavo Petro asumió el cargo presidencial de Colombia con un programa lleno de promesas y una campaña con fondos ilícitos. Hoy, el primer aniversario, es una amarga celebración marcada por la detención de su hijo por vinculación con la financiación ilegal de su campaña.
No ha hecho falta mucho tiempo para ver como se omitían los compromisos electorales, y sus promesas llegaron a ser ridículas y vanas: mientras la desigualdad se ha profundizado desde su llegada al poder, Petro ha gastado una gorra espectacular en los festejos de su primer aniversario y se ha rodeado de nuevas demandas de corrupción.
Una de las principales es la de su hijo, de reciente detención, que supuestamente se habría beneficiado de fondos de la presidencia para sufragar las necesidades de la campaña electoral.
A pesar de que muchos creen necesaria la acción política de Gustavo Petro, la amenaza a la democracia no solo se justifica por los ríos de sangre derramados durante la dictadura de los años 90, sino por el impacto del origen de Petro en la expansión de la corrupción como primer aniversario de su presidencia.
Su disputa con el congreso no ayuda, con los principales líderes de la unión y el sometimiento a Rusia y Venezuela que lo han convertido en un líder cada vez menos popular.
Mientras las críticas a la gestión de Petro suben de tono, el propio líder, con su peculiar ubicación como exmilitante de izquierda, se mantiene preso entre un recuerdo odioso de actos de terrorismo y un presente plagado de corrupción política.
El proceso de reconciliación sigue sin cumplirse y la situación de los colombianos sigue igual de grave cuanto antes. Petro quiere construir un mayor bienestar social para el país, pero con el escándalo de corrupción en primer plano, la celebración de su aniversario frustra la esperanza y es más una amarga gala de propaganda para el gobernante.
