El próximo lunes se llevará a cabo un pleno extraordinario convocado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para debatir una propuesta controvertida relacionada con la futura ley de amnistía que beneficiaría a los promotores y partícipes del ‘procés’. La convocatoria ha sido realizada por el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, tras la solicitud de ocho de los 16 vocales del Poder Judicial.
Esta medida responde a la preocupación expresada por los vocales del ala conservadora, que buscan emitir una declaración institucional en contra de la mencionada ley, la cual está siendo ultimada por el PSOE en colaboración con ERC y Junts. La solicitud firmada por los vocales, todos nombrados a propuesta del Partido Popular, muestra una clara división en el órgano de gobierno de los jueces.
Los vocales que solicitaron el pleno extraordinario argumentaron que la ley de amnistía podría tener efectos de «degradación» para España, e incluso llegar a ser una «abolición del Estado de Derecho». Según su perspectiva, la aplicación de esta amnistía transformaría al Estado de Derecho en una «mera proclama formal» que actuaría en perjuicio del interés real de España.
La preocupación se ha intensificado tras las declaraciones de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, quien afirmó que la amnistía es necesaria para conseguir apoyos a su investidura. Los vocales conservadores señalan que esta estrategia confunde el «interés de España» con el interés personal del presidente.
El pleno tiene como objetivo abordar este tema, ya que si la iniciativa fuese presentada como un proyecto de ley, sería obligatorio solicitar un informe del CGPJ. Sin embargo, al tramitarse como una proposición de ley de los grupos parlamentarios, este informe no es necesario. Los vocales buscan, mediante el pleno, expresar la opinión del Consejo.
Los firmantes denuncian que la ley se esté negociando con partidos como Junts, liderado por Carles Puigdemont, quien se beneficiaría personalmente de la medida. Acusan a Sánchez de utilizar la amnistía como herramienta para evitar un gobierno de partidos de derecha, lo cual consideran incompatible con la alternancia política.
Los vocales también sugieren que la amnistía podría ser inconstitucional, yendo en contra del principio básico del pluralismo político. Argumentan que exceptuar la aplicación de la ley para impedir la acción de los tribunales sería incompatible con los principios del Estado de Derecho establecido en España.
Además, señalan que la amnistía no solo contraviene la Constitución, sino también los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea, que buscan garantizar la prevalencia de los principios de Estado de derecho e independencia judicial. Alertan sobre el riesgo de que la Unión Europea pueda eventualmente cuestionar la adhesión de España a estos principios.
Este debate surge en un momento crítico para la política española, y la decisión del CGPJ podría tener implicaciones significativas en el curso de la tramitación de la ley de amnistía. La situación pone de manifiesto las tensiones existentes entre diferentes facciones políticas y judiciales en el país.
El pleno extraordinario del lunes promete ser un evento clave en la discusión sobre la ley de amnistía y podría arrojar luz sobre las tensiones y divisiones dentro del CGPJ y la política española en general. La resolución de este conflicto podría tener consecuencias a largo plazo en la estabilidad política y judicial de España.
