La Ley de Vivienda entrará en vigor en las próximas semanas con un preocupante aumento en las cifras de okupaciones y un plazo de resolución en los juzgados que se ha duplicado desde 2018. El procedimiento exprés, diseñado para resolver las okupaciones por la vía civil, tarda ahora 9,6 meses en lugar de los 4,9 meses que tardaba en su primer año de funcionamiento.
Según los últimos datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el tiempo de resolución en la Audiencia Provincial también ha aumentado, pasando de 6,8 meses en 2018 a 8,5 meses. En total, los propietarios de viviendas okupadas pueden tardar más de año y medio en recuperar sus propiedades a través del procedimiento de desahucio.
En 2021, se iniciaron en España 2.785 procedimientos civiles de este tipo, a los que solo pueden acogerse personas físicas, entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas con vivienda social. Por otro lado, en la vía civil, los impagos de renta de los inquilinos que no abandonan el domicilio acumularon 13.470 sentencias a favor del propietario del inmueble.
El número de denuncias por okupaciones presentadas ante las Fuerzas de Seguridad en 2021 superó las 16.000, lo que representa un incremento del 37% desde 2018. La Plataforma Afectados por la Ocupación estima que en España hay alrededor de 100.000 viviendas okupadas.
La nueva Ley de Vivienda ha incorporado enmiendas que ofrecen más garantías a algunos perfiles de okupas, lo que podría ralentizar aún más el procedimiento de expulsión. Estos cambios entrarán en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
En conclusión, los plazos para desalojar viviendas okupadas se han duplicado en la ‘era Sánchez’, y las recientes modificaciones en la Ley de Vivienda podrían provocar que estas cifras empeoren en el futuro cercano.
