Poco a poco se le cae la piel de cordero liberal a Emmanuel Macron. El nuevo proyecto de ley aprobado por su gobierno otorga a la Policía francesa la facultad de activar a distancia la cámara, el micrófono y el GPS del teléfono de un sospechoso. De igual modo podrían extender esta capacidad a otros dispositivos conectados a la red, como portátiles y coches.
La deriva autoritaria del cuestionado líder francés deja a los pies de los caballos a las libertades individuales. Querer controlar a los ciudadanos con la motivación del bien común o de ofrecer una falsa seguridad es un comportamiento más propio de regímenes autoritarios que de la tierra que a golpe de guillotina nos dejó «La Libertad, la Igualdad y la Fraternidad». Poco o nada queda ya de la pintura de Delacroid.
El grupo francés de defensa de los derechos digitales, La Quadrature du Net, ha alzado su voz en contra de estas disposiciones, alertando sobre la violación de libertades fundamentales y el derecho a la seguridad, la vida privada, la correspondencia privada y el libre tránsito. Esta medida podría marcar un peligroso camino hacia un estado policial indeseable.
Ante las críticas, la respuesta del Gobierno no sorprende: se justifica argumentando que es una medida necesaria para garantizar la seguridad y se utilizará en casos excepcionales y limitados. Siguiendo el discurso de Klaus Schwab, director del Foro de Davos, se plantea que aquellos que no tienen nada que ocultar no tienen nada que temer. El ministro de Justicia, Eric Dupond-Moretti, insiste en que el proyecto de ley solo se aplicará en «docenas de casos al año», y los legisladores han insertado una enmienda que permite el espionaje remoto solo cuando esté justificado por la naturaleza y gravedad del delito, y con una duración estrictamente proporcional aprobada por un juez. Además, han asegurado que profesiones en las que la confidencialidad es crucial, como periodistas, jueces, abogados, médicos y parlamentarios, no serían objetivos legítimos, según informa People’s Gazette .
El mes pasado, el Senado dio luz verde a la disposición del proyecto de ley de justicia que permitiría a las fuerzas del orden activar en secreto cámaras y micrófonos en los dispositivos de un sospechoso. Desde 2015, cuando los ataques terroristas sacudieron a Francia, el país ha aumentado sus poderes de vigilancia en una deriva similar a la estadounidense tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 con la Ley patriota.
Esta medida pone en tela de juicio el equilibrio entre seguridad y privacidad, y deja en evidencia la creciente preocupación por el control gubernamental sobre los ciudadanos. La libertad individual al borde de la desaparición.
