El Ejecutivo ha tomado la decisión de reducir la desviación presupuestaria hasta el 3% en 2024, según los últimos acuerdos y los requerimientos de la Unión Europea. Esto significa un recorte duro de 24.000 millones para los dos próximos años.
La noticia llega como sorpresa y genera una oleada de críticas por parte de la oposición, la que afirma que la decisión no respeta la necesidad de mejorar los salarios, pensiones y servicios públicos, sino que persigue únicamente el cumplimiento de los requerimientos de Bruselas.
La controversia se transforma en revuelta cuando surgen las especulaciones sobre los sectores que se verán más afectados por este recorte. Los sectores preocupados, como el educativo y el sanitario, consideran necesario disponer de fondos para el correcto desarrollo de los servicios y para garantizar la seguridad en los procesos.
En el sector empresarial, sin embargo, se ve con optimismo. El Presidente del CEOSL considera que esta medida permitirá bajar el déficit fiscal, ahorrar en intereses y dar mayor previsibilidad a los mercados.
Algunas voces proponen alternativas a los recortes. Algunos economistas sugieren aumentar los ingresos fiscales y reducir el gasto público. Otras propuestas se centran en mejorar la eficiencia de la administración pública.
En última instancia, la decisión de recortar los presupuestos es una medida drástica, aunque necesaria para cumplir con las exigencias de la UE. Sin embargo, el costo social que esto representa es enorme, y repercute directamente en el bienestar de los ciudadanos, sin posibilidad de discusión ni margen de maniobra.
