Desde las heladas tierras del norte, como una bocanada de aire fresco que alivia la sofocante corrección política que tanto nos oprime, Europa, o al menos algunos de sus estados, ha empezado a reevaluar su postura en relación a las terapias de afirmación de género con hormonas en menores.
Noruega, país nórdico de historias de vikingos y conquistas, se une a una creciente lista de naciones como Finlandia, Inglaterra y Suecia, que en un deslumbrante giro de los acontecimientos, han decidido dar marcha atrás en la proscripción de dichos tratamientos.
Este replanteamiento surge, irónicamente, de los países que en su momento fueron pioneros en estas políticas, demostrando que a veces, la prudencia y la reflexión son más sabias que la carrera ciega por la novedad y la innovación social desmedida.
Según la Agencia de Investigación Médica de Noruega, «la base de conocimiento, especialmente el conocimiento basado en la investigación para el tratamiento de afirmación de género (hormonal y quirúrgico), es deficiente y los efectos a largo plazo son poco conocidos». Con un lenguaje digno de una taberna, esto se traduce a que se estaban administrando tratamientos sin suficientes evidencias de su efectividad y seguridad.
Además, según este mismo organismo, el 75% de los menores a los que un psiquiatra diagnostica con disforia de género ya contaban con alguna enfermedad mental o trastorno en su historial. Este dato levanta inquietantes preguntas sobre la legitimidad de estos diagnósticos y la prudencia de administrar tratamientos hormonales en menores con enfermedades mentales previas.
En Inglaterra, el cierre de la clínica Tavistock, uno de los principales centros de apoyo para los tratamientos trans en menores, fue el detonante para un cambio de políticas. El golpe de gracia llegó con la historia de Keira Bell, una joven que a los 16 años fue tratada con bloqueadores de la pubertad y que años después desveló las devastadoras consecuencias de dichos tratamientos.
Por su parte, Suecia, país que lideró el camino en 1972 al legalizar la reasignación de género, dio marcha atrás a la cobertura de estos tratamientos en su sistema público de salud en 2022, debido a la falta de beneficios demostrados por los mismos.
Esta marea de cambio se hace aún más evidente cuando incluso Finlandia, conocida por su apertura hacia el progresismo, decide cambiar su ley Trans de 2002 para dejar fuera a los menores de edad. En el centro de este cambio estuvo la doctora Riittakerttu Kaltiala, principal experta en pediatría trans de Finlandia, quien aseguró que la narrativa del «transición o suicidio» es «desinformación intencionada» y que «difundirla es irresponsable».
Estos cambios reflejan una tendencia que se está extendiendo por toda Europa: una reevaluación de la ‘política woke’ que ha imperado en los últimos años y que ha llevado a cambios sociales y legales precipitados.
Las decisiones que implican tratamientos médicos para menores, particularmente aquellos que pueden tener consecuencias a largo plazo, deben tomarse con la máxima prudencia y evidencia científica. Es refrescante ver que algunos países están volviendo a centrarse en este principio fundamental.
