La última noticia de repercusión en el universo de la economía y las relaciones internacionales, tiene como protagonistas a la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el Gobierno de España y la empresa NextEra.
El referido órgano americano, auténtica superpotencia en la configuración del lobbismo global, ha decidido personarse en el litigio que mantiene la empresa NextEra contra el Estado español, poniendo el foco en los recortes a las inversiones renovables. Se presenta no como una parte afectada, sino bajo la interesante figura del «amicus curiae«, tan propia del derecho anglosajón y particularmente útil en procesos que comprometen derechos fundamentales.
Es en la corte de apelaciones del Distrito de Columbia donde este nuevo actor adquiere relevancia. La corte ha aceptado que la Cámara de Comercio se involucre en la causa de NextEra, una firma estadounidense que sufrió de lleno la retirada en 2013 de las primas a las renovables, una medida ejecutada durante el gobierno de Mariano Rajoy, pero que tenía su origen en las políticas aprobadas por el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Hay que recordar que, en 2019, el Reino de España fue condenado a pagar la desorbitante suma de 291 millones de euros a NextEra. Este fue el arbitraje más costoso entre los aproximadamente diez en los que ya se ha dictado sentencia. La justicia estadounidense ve en estos arbitrajes un elemento esencial para la resolución de conflictos en transacciones internacionales, otorgándole así un papel crucial a la «adecuada construcción» de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) para la comunidad global financiera. Es por ello que acepta los argumentos de la Cámara de Comercio para integrarse en la causa.
Como observadores comprometidos con la defensa de la unidad de España, nos preocupa la posibilidad de un embargo de bienes españoles en territorio estadounidense, una situación ya en proceso en el Reino Unido y Australia. Este hecho denota una cierta deriva en la seguridad jurídica internacional que no podemos dejar de señalar.
El pliego presentado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos para su inclusión como «amicus curiae» refleja su preocupación por las graves consecuencias para la inversión internacional derivadas de la actitud del Gobierno de España, que reclamaba su inmunidad frente al laudo que le condena a pagar a NextEra esos 291 millones de euros.
La Cámara de Comercio, la mayor patronal del mundo con 300.000 miembros directos, pide al tribunal que confirme las sentencias del Ciadi, una institución dependiente del Banco Mundial que lidera a nivel mundial el arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales. Su intervención en la causa contra España es de gran relevancia, ya que la Cámara de Comercio representa a más de tres millones de empresas y organizaciones profesionales de diversos tamaños en Estados Unidos.
En este tablero de ajedrez geopolítico, no se trata solo de una mera cuestión económica, sino de un caleidoscopio de influencias, intereses y posiciones ideológicas que se entrelazan en la geopolítica global.
