El reciente informe de UVE Valoraciones pone sobre la mesa un problema latente en España: mientras las grandes ciudades se asfixian por la falta de viviendas, otras áreas, víctimas de la despoblación, presentan un preocupante excedente. La desigualdad habitacional es más que palpable, y es hora de actuar.
Ante esta realidad, la solución puede parecer evidente: construir más viviendas en las zonas de demanda. Pero en realidad, es mucho más complejo. La situación del mercado inmobiliario en España es un reflejo de décadas de políticas, regulaciones y, por supuesto, del temido fantasma del boom inmobiliario que culminó en la crisis de 2008. Sin embargo, seguir anclados en el pasado y en el miedo no es una opción. El presente exige respuestas.
Los precios del alquiler en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia son, sencillamente, inasumibles para muchos ciudadanos. Y, ¿por qué? La oferta es insuficiente para satisfacer la demanda. Es una simple ley de mercado. Si queremos que estos precios desorbitados de alquiler (y compra) desciendan, necesitamos incrementar la oferta.
Por ello, es imprescindible liberar suelo y simplificar la maraña burocrática que, en muchas ocasiones, paraliza o dilata excesivamente los proyectos de construcción. Las trabas administrativas, las licencias, los permisos… todo un cúmulo de procesos que convierten a España en un país poco atractivo para las inversiones inmobiliarias de gran calado. Es esencial que donde haya demanda, se facilite la construcción.
Hablamos de futuro, de progreso, de una sociedad que avanza y necesita un techo bajo el cual crecer y desarrollarse. Pero, ¿cómo puede un joven pensar en independizarse si los precios del alquiler consumen la mayoría de su salario? ¿Cómo puede una familia pensar en crecer si no encuentra una vivienda adecuada a sus necesidades y posibilidades? La vivienda no es un lujo, es una necesidad básica y un derecho.
Sin embargo, esto no significa que debamos construir sin más, sin criterio. La lección de 2008 debe ser recordada, no para paralizarnos, sino para actuar con inteligencia y previsión. No se trata de construir sin sentido, sino de crear viviendas sostenibles, adecuadas y asequibles en lugares donde realmente se necesiten.
Implicar a las constructoras es esencial en este proceso. Necesitamos de su experiencia, su capacidad y su visión para desarrollar proyectos que no solo aporten viviendas, sino que ayuden a revitalizar áreas, creen comunidades y, en definitiva, mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. No es simplemente edificar, es construir hogares y espacios de convivencia.
La política tiene un papel crucial en esta ecuación. Los políticos, esos representantes elegidos para velar por el bienestar de los ciudadanos, deben tomar cartas en el asunto. Es fundamental que desde las instituciones se fomente un plan integral de construcción, que se incentive a las empresas y que se facilite el acceso a la vivienda para todos los ciudadanos.
No podemos dejar que la vivienda, algo tan esencial, se convierta en un lujo o en una quimera inalcanzable. Tampoco podemos permitir que mientras en unas zonas se desborda la demanda, en otras se desborde la oferta. Esta desigualdad no solo es insostenible, sino que es injusta.
En conclusión, la desigualdad habitacional en España no es un problema nuevo, pero sí es un problema que ha alcanzado un punto crítico. Y como tal, requiere soluciones audaces, integrales y, sobre todo, rápidas. No podemos esperar décadas para reaccionar. Las ciudades, sus habitantes y el país en su conjunto nos lo demandan. Es hora de actuar. Es hora de construir un futuro habitable.
