En las últimas horas, el eco de un nuevo chantaje separatista ha retumbado en los pasillos del poder en España. Junts, liderado por Carles Puigdemont, ha lanzado una cifra que, más que sorprendernos, debería indignarnos: 450.000 millones de euros, que según ellos constituyen la “deuda histórica” del Estado con Cataluña. Este es un nuevo capítulo en el libro de las demandas secesionistas, donde el interés particular de una región amenaza con ensombrecer el interés común de una nación.
Como medio de comunicación de corte conservador, y defensores de la integridad y la indivisibilidad de España, consideramos que es el momento de tomar una posición clara y firme. No podemos ni debemos sucumbir ante el chantaje de los separatistas. La historia de nuestro país nos ha enseñado el valor de la unidad, de la cohesión y del respeto mutuo. Ceder ante tales demandas no solo minaría la estabilidad financiera de España, sino que también sentaría un peligroso precedente, abriendo las puertas a futuras reclamaciones de otras regiones.
La propuesta de Junts y su intento de condonación de deudas, junto con el deseo de recaudar todos los impuestos, revela una preocupante falta de solidaridad y de visión de conjunto. ¿Acaso el resto de las comunidades autónomas no tienen necesidades y deudas? Si se perdona la deuda en Cataluña, ¿por qué no hacer lo mismo en la Comunidad Valenciana, Andalucía o cualquier otra región de España? Las políticas no deben guiarse por presiones separatistas, sino por un compromiso de equidad y justicia para todos los españoles.
Es evidente que la configuración actual del Congreso de los Diputados, donde las formaciones nacionalistas tienen un papel destacado, no favorece la gobernanza armónica del país. La pregunta que debe plantearse es si tiene sentido que los diputados nacionalistas sigan ocupando escaños en la cámara baja. Tal vez haya llegado el momento de considerar que estos representantes tengan un lugar en la cámara territorial, el Senado, donde puedan defender los intereses específicos de sus regiones sin afectar la dirección general del país.
España atraviesa un momento delicado. La crisis económica y las consecuencias de la pandemia han mermado nuestras capacidades, y hoy, tristemente, nos encontramos a la cola en términos de crecimiento en Europa. Años de disputas territoriales y cuestiones identitarias han consumido tiempo y recursos que podrían haberse invertido en impulsar nuestro desarrollo, educación e innovación. Hoy, nuestro PIB per cápita ha perdido fuelle frente a nuestros vecinos europeos, y no podemos permitirnos más distracciones.
La creación de desigualdades entre españoles, haciendo a algunos de primera y a otros de tercera, es un sinsentido. Todos somos españoles, todos contribuimos y todos merecemos igualdad en oportunidades, servicios y beneficios.
Para finalizar, reiteramos que la defensa de España está por encima de cualquier otro interés. La cohesión y el progreso de nuestro país no pueden depender del chantaje de un territorio. Es hora de replantearnos la estructura y la dinámica de nuestro sistema parlamentario para garantizar un futuro equitativo, próspero y unido para todos los españoles. La grandeza de España no reside en ceder ante presiones, sino en la unión y solidaridad de su gente.
