Los ecos del pasado resuenan con fuerza en la actualidad española. Quienes vivieron los tumultuosos días de Cataluña en 2017 pueden sentir una familiaridad desconcertante en los acontecimientos de estas últimas horas. Aquel período, marcado por el asalto constante a la legalidad y una crisis política que dividió profundamente a la sociedad, terminó con los instigadores del golpe encarcelados o huyendo del país. Sin embargo, hubo actores que quedaron impunes: los medios de comunicación, cuya cobertura tendenciosa e irresponsable avivó las llamas del conflicto.
Hoy, España se encuentra nuevamente en una encrucijada. Las horas y días que se avecinan son complicados y cruciales. En juego no está solo la gestión de una crisis política, sino la defensa de la democracia en uno de los momentos más críticos de la historia reciente del país.
La democracia española, aunque imperfecta, ha sido el bastión que ha permitido el período de paz más prolongado y tranquilo en la rica y a menudo tumultuosa historia de España. La transición a la democracia, después de años de dictadura, marcó el inicio de una nueva era en la que los ciudadanos pudieron, por fin, tener voz en el destino de su nación.
Sin embargo, esta paz y estabilidad se ven amenazadas. Los ciudadanos observan con preocupación cómo determinadas medidas y decisiones políticas parecen socavar los pilares democráticos que han sostenido al país durante décadas. En este contexto, la actuación del presidente Pedro Sánchez ha generado controversia. Hay quienes argumentan que algunas de sus medidas son percibidas como cobardes y que, en lugar de fortalecer la democracia, podrían estar allanando el camino para una regresión hacia tiempos más oscuros.
Los defensores de la democracia se encuentran en una lucha para preservar lo que consideran esencial: la libertad, la legalidad, y el respeto a las instituciones que garantizan los derechos de todos los ciudadanos. En esta lucha, es imperativo que no se olvide el papel de los medios de comunicación. Aquellos que en 2017 fueron acusados de ser cómplices, por su sesgo o por no mantener la objetividad necesaria, deben ser observados críticamente.
Los medios tienen el deber ético de informar con veracidad y objetividad. Convertirse en instrumentos de propaganda o en actores políticos desvirtúa su función social. En momentos de crisis, esta responsabilidad es aún más imperante. La libertad de prensa es uno de los pilares de cualquier sociedad democrática, pero debe ejercerse con responsabilidad y conciencia de su impacto en la sociedad.
Es una llamada a la reflexión y a la acción. La historia ha demostrado que la democracia puede ser frágil y que es tarea de todos salvaguardarla. Las lecciones del pasado, como los acontecimientos en Cataluña, deben servir para entender que la legalidad y la justicia deben prevalecer siempre, sin olvidar a quienes, desde las sombras, pueden influir en el curso de los eventos.
Ahora, más que nunca, España necesita de ciudadanos comprometidos, de instituciones fuertes y de medios de comunicación responsables. La defensa de la democracia es una responsabilidad compartida y el compromiso con la verdad y la justicia debe ser inquebrantable. Solo así se podrá garantizar que el país continúe en su camino de paz, estabilidad y prosperidad.
