En un contexto político tenso, la Mesa del Congreso se encuentra en una situación delicada. Tras rechazar una proposición de amnistía en 2021 por ser claramente inconstitucional, ahora se ve frente a la posibilidad de admitir a trámite un texto similar, fruto de las negociaciones entre el PSOE, Junts y ERC, con el objetivo de respaldar la investidura de Pedro Sánchez. Ante esta situación, juristas expertos en el Reglamento del Congreso alertan sobre la posibilidad de que se incurra en responsabilidades penales, específicamente en el delito de prevaricación.
La prevaricación es un delito que solo puede ser cometido por una autoridad o funcionario público, y se define como dictar una resolución arbitraria a sabiendas. El análisis es complejo dado que el texto definitivo aún no se ha cerrado. Sin embargo, algunos especialistas consultados por Eco de Libertad indican que la calificación que hace la Mesa al admitir una ley constituye un acto jurídico, lo que podría tener implicaciones penales.
El antecedente de marzo de 2021 es crucial. En esa fecha, siguiendo el informe de los letrados de las Cortes Generales, la Mesa no admitió a trámite una propuesta de amnistía por considerarla abiertamente inconstitucional. Esta proposición incluía «todos los actos de intencionalidad política» desde enero de 2013. Si ahora se acepta un texto similar, podría estar rozando lo delictivo. Un especialista advierte que podría considerarse prevaricación.
No obstante, otros expertos señalan que la clave será determinar si los hechos y el texto son los mismos o muy parecidos. Si en la práctica es la misma ley, la consecuencia jurídica debería ser el rechazo a su tramitación.
A pesar de que el informe de los letrados tiene carácter consultivo y no es vinculante, para determinar una situación de prevaricación, el informe podría ser un indicio. La Mesa podría justificar su decisión de apartarse del informe o encargar uno diferente si no está de acuerdo.
El criterio para frenar la tramitación de la norma es que sea indiscutiblemente contraria a la Constitución, como ocurrió en 2021. «En abstracto, una ley de amnistía es inconstitucional, pero habrá que ver el texto final», señala una fuente consultada.
Algunos juristas recuerdan el caso de Carme Forcadell, expresidenta del Parlament catalán, quien fue condenada por permitir votar las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente. Este antecedente podría tener relevancia en el actual escenario.
Finalmente, un aspecto a considerar es si se trata efectivamente de un indulto general desde el punto de vista jurídico. «Si le llamas amnistía porque es el precio político para una investidura, pero jurídicamente no es una amnistía, el nombre es irrelevante», subraya un jurista. Solo con el texto en la mano se podrá determinar si la aceptación de su tramitación podría configurar un delito de prevaricación.
En resumen, la Mesa del Congreso se encuentra ante un desafío jurídico y político, cuyas implicaciones podrían repercutir en la estabilidad institucional y en la percepción de la ciudadanía sobre la legitimidad de sus representantes.
