La agitación agraria en Europa ha llegado a un punto crítico, con protestas masivas en Alemania, Francia, Polonia, Eslovaquia y los Países Bajos. Mientras tanto, en España se gesta un malestar interno que podría desencadenar una gran protesta conjunta, similar a las que están colapsando las capitales europeas.
En Berlín, unos 10.000 manifestantes, incluyendo agricultores y camioneros, se han hecho oír en contra de los recortes de ayudas para el gasóleo agrícola y el impuesto sobre vehículos. Estas protestas son un reflejo del descontento generalizado en el campo europeo contra las políticas de recortes y exigencias medioambientales.
El caso de Francia, con toneladas de estiércol arrojadas contra edificios estatales en Cahors, y las protestas en Polonia y Eslovaquia por el trato de favor al sector agrario ucraniano, son otros ejemplos de este malestar. En Bruselas, miles de tractores invadieron las calles en protesta por los planes de reducción de emisiones de nitrógeno.
En España, la situación no es menos tensa. Con más de siete millones de jóvenes de entre 16 y 29 años y sólo un 16,3% de ellos viviendo de manera independiente, el panorama es desolador. La precariedad laboral, la dificultad para acceder a una vivienda y la subida generalizada de precios son los principales obstáculos para los jóvenes, obligándolos a retrasar cada vez más su emancipación.
El campo español, aunque enfrenta problemas específicos por la diversidad de cultivos, también sufre bajo la Agenda 2030 y la hiperregulación medioambiental. Las políticas de reducción de fitosanitarios y fertilizantes, junto con las importaciones de terceros países, afectan especialmente a España. Desde COAG, se resalta el hartazgo de agricultores y ganaderos por el trato injusto y las agresivas normativas europeas medioambientales.
Aunque no hay una fecha fijada para una gran revuelta en España, el malestar es palpable y podría desencadenar movimientos de protesta. La Unión de Uniones ya ha convocado una tractorada en Madrid para el 21 de febrero. Los problemas del campo español incluyen los bajos precios de las cosechas, la falta de apoyo a los seguros agrarios, las enfermedades como la tuberculosis, la pérdida de poder adquisitivo, las exigencias medioambientales, y una percepción de persecución constante por parte del Ministerio de Trabajo.
La situación en el campo español es crítica, con el incremento de los costes salariales y el encarecimiento de los bienes de producción. Asaja destaca que en 2022, el empleo en el campo cayó en 86.900 trabajadores y que en 2023, solo en el tercer trimestre, el número de ocupados en agricultura y ganadería bajó en 34.000 personas respecto al año anterior.
El campo español se enfrenta a un momento decisivo. La combinación de problemas económicos, ambientales y burocráticos está llevando a los agricultores al límite. La pregunta es: ¿Será suficiente para que tomen las calles en la próxima primavera y se unan a las protestas que están inundando Europa? El tiempo dirá si España se suma a esta rebelión agraria, una señal clara del creciente descontento en el sector rural.
