El líder de Vox, Santiago Abascal, ha declarado por videoconferencia ante el Juzgado de lo Penal número 4 de Castellón en calidad de víctima de un delito de odio. Los hechos se remontan a marzo de 2020, cuando apareció un muñeco con la foto de Abascal y un tiro en la frente en la plaza María Agustina de Castellón. El político se sintió «amenazado» tanto a título personal como hacia las personas que representa.
La parte demandante exige que el acusado sea juzgado por un delito de incitación al odio, solicitando para él 3 años de prisión, una multa de diez meses con una cuota diaria de diez euros y una inhabilitación especial en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por un tiempo superior a tres años de la duración de la pena de privación de libertad. De manera alternativa, si la petición fuera desestimada, piden que se le juzgue por un delito de amenazas graves, penado con dos años y medio de prisión. Además, demandan una indemnización de mil euros para Abascal por «daños morales».
Cuatro miembros de la Policía Nacional testificaron durante el juicio. Abascal expresó que el suceso fue «una constatación de una amenaza como tantas otras que he recibido» y que le hace ser consciente de que «no debo renunciar a la protección policial que llevo desde el año 2019 de forma ininterrumpida». Además, lamentó el «clima creciente de hostilidad y agresiones en actos públicos» hacia su partido político.
El acusado, por su parte, negó pertenecer a las Brigadas Antifascistas de Castellón (BAF), vinculadas al independentismo, y afirmó que sus huellas dactilares aparecieron en el escenario debido a una campaña contra la clase política realizada por una asociación a la que pertenece. La policía científica, sin embargo, desmontó esta versión al asegurar que las huellas del acusado estaban en el celo que pegaba la foto de Abascal al muñeco.
