El Gobierno ha anunciado recientemente un plan para movilizar hasta 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler social y asequible. Sin embargo, algunos críticos señalan que esta medida llega en vísperas de las elecciones, lo que plantea dudas sobre si la iniciativa es realmente en beneficio de los ciudadanos o simplemente una táctica electoralista.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, presentó la estrategia que, aunque fue anunciada previamente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en febrero, no se ha materializado hasta ahora.
El plan pretende movilizar 21.000 viviendas para uso social, gestionar proactivamente 14.000 viviendas ya habitadas y ceder suelos urbanizables. A pesar de que el Gobierno afirma que tiene un triple objetivo: impulsar el parque público de vivienda, apoyar la inclusión social y mejorar la vertebración y cohesión en todo el territorio nacional, algunos críticos plantean dudas sobre la eficacia y la oportunidad de estas medidas.
Por un lado, el tiempo que ha tardado el Gobierno en poner en marcha este plan ha dejado miles de viviendas vacías durante años, lo que ha alimentado la especulación inmobiliaria y dificultado el acceso a la vivienda para muchas personas. Por otro lado, hay quienes sostienen que estas medidas podrían haberse implementado mucho antes, en lugar de esperar a la víspera de las elecciones.
Además, aunque la cesión de suelos urbanizables suena prometedora, es fundamental preguntarse si las administraciones públicas y las empresas privadas estarán dispuestas a invertir en la construcción de viviendas asequibles en lugar de buscar un mayor beneficio económico.
En resumen, aunque el plan presentado por el Gobierno para movilizar viviendas de la Sareb parece prometedor en teoría, las dudas sobre su eficacia y su oportunidad hacen cuestionar si realmente beneficiará a los ciudadanos o si es simplemente una estrategia electoralista.
