El pasado 15 de julio, a punto de entrar en la modorra que sumerge España en el mes de agosto, el ferragosto que diría Fellini, la concejala de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Elche, Esther Díez, anunciaba la emisión de bonos para la compra de “transportes alternativos sostenibles”. En lenguaje coloquial, bicis y patinetes. Nada menos que 550.000 € repartidos en ayudas directas a canjear en los establecimientos adheridos a la campaña, en el momento de la adquisición. Las malas lenguas (que las hay, y muchas), señalaban que era la forma que el consistorio había ideado para llenar los carriles bici, ejecutados unos y planificados otros, que esta Corporación ha puesto en marcha durante su legislatura. Los de Juan Carlos I, Pedro Juan Perpiñán y la Avenida de Alicante son, tal vez, los que más polémica han suscitado y en los dos primeros, ya finalizados, no se puede afirmar que estén especialmente transitados.
En agosto, en plenas fiestas, se lanzan los bonos y en apenas una hora se agotan por completo. Y de nuevo las viejas del visillo 2.0 pusieron sus largas lenguas afiladas a murmurar: Wallapop y Mil Anuncios , populares webs de venta de segunda mano, se habían llenado de publicaciones del tipo “vendo patinete eléctrico nuevo, sin abrir”. Los periodistas no deben hacerse eco de rumores y una rápida consulta, eso sí el día 24, dos semanas después de la adjudicación de los bonos, arrojó catorce resultados de vendedores en el área de Elche que, curiosamente, ofrecían patinetes sin abrir, en su embalaje original, con factura y a un precio bastante inferior al de mercado. Este número es suficiente para preguntar a la responsable del área si, al menos, se han planteado la posibilidad de que algunas de las ayudas no se hayan utilizado correctamente. A muchos les parecerá exagerado pero, sobre el dinero público, no debe existir la menor duda de su uso correcto y los políticos están para explicar.
Pero el culebrón no termina aquí. El miércoles se volvió a abrir la página para ofertar de nuevo los bonos no canjeados y cientos de ilicitanos se encontraron con la sorpresa de que era imposible conseguir que funcionara. La web colapsó y los pocos afortunados obtuvieron a cambio de su paciencia unas ayudas en muchos casos caducadas. La concejala pidió disculpas, pero las quejas de los ciudadanos en el perfil de Facebook del Ayuntamiento reflejaban el descontento ante lo que consideraban en el mejor de los casos una tomadura de pelo.
Si en junio el alcalde socialista, Carlos González, afirmaba con orgullo en su voz que la “ayuda importante y valiosa” de 200 euros, aprobada por el Gobierno central, iba a entregarse a “más de 24.000 familias ilicitanas”, y viendo los problemas y dudas que el bono de movilidad ha suscitado, quizá hubiera sido mejor intentar aliviar la situación económica de ese elevado número de ilicitanos a los que, con la nevera vacía y haciendo malabares para llegar a fin de mes, la sostenibilidad para el transporte no debe estar en los primeros puestos de sus prioridades. No es motivo de vanidad que en una ciudad de casi 235.000 habitantes, al menos 50.000, en el mejor de los casos (suponiendo núcleos familiares de dos personas), casi el 22% de su población, esté en riesgo de exclusión.
Y si todo esto no fuera poco, a día de hoy las bicicletas y patinetes siguen campando a sus anchas por los espacios reservados a peatones. El centro peatonalizado y las aceras ponen a prueba los reflejos de los transeúntes y parece raro que no haya más accidentes con nefastas consecuencias. Ya nos estamos habituando a salir del portal de casa mirando a ambos lados como si fuéramos a cruzar una calle peligrosa. Mientras escribo estas líneas miro hacia el puente de Canalejas y dos ciclistas transitan por la acera sur. ¿Vamos a continuar financiando con el dinero de todos unos bonos que ayudan a unos pocos y a seguir con la inseguridad que provocan estos medios de transporte? Está en manos del Gobierno local. La ordenanza de Movilidad Sostenible, que recoge multas elevadas para ciclistas que invadan espacios no habilitados para ellos, se debe aplicar estrictamente y actualizarla al uso del patinete cómo anunció la señora Díez el pasado abril.
Y no olvidemos que la ayuda a familias desprotegidas es de 200 €. La de compra de bicicletas y patinetes ha llegado hasta los 600 € para la adquisición de un bien que, hasta no hace mucho tiempo, se consideraba, cuanto menos, un poco esnob.
