Lleva ya tiempo el presidente Ximo Puig reclamando descentralizar el poder concentrado en Madrid. Sus lamentos se escuchan al menos desde enero de 2020. La capitalidad de la metrópoli genera, según él, “importantes desequilibrios” que, en un rizo del neolenguaje imperante, hacen que esa ciudad incurra en un “dumping fiscal antipatriótico”. La respuesta a esta queja es tan simple como obvia: si eso es así, imite en su comunidad las políticas fiscales de la señora Ayuso y ya estaremos todos en igualdad de condiciones. Pero no. Parece que en este “Nuevo Orden Español”, gana más el que más llora. A este camino, iniciado por el Sr. Puig, se han ido sumando progresivamente todos los barones socialistas al igual que el Gobierno de Pedro Sánchez.
Pero los datos son tercos, incluso con el mundo virtual en el que algunos de nuestros políticos parecen vivir, y al que nos quieren arrastrar a los ciudadanos. A pesar de las acusaciones de poco menos que paraíso fiscal, Madrid es, al cierre de 2018, que son los últimos datos fiscales consolidados, la segunda comunidad que más recauda, sólo por detrás de Cataluña, y eso con una horquilla de impuestos bajos y un millón menos de habitantes. También es la que más aporta a la solidaridad regional. Con datos de 2019, Madrid contribuye con más de 4.300 millones de euros, mientras que la Comunidad Valenciana recibe 1.196 millones. Parece que la centralidad madrileña no le va mal a los valencianos.
Y ya que queremos descentralizar, descentralicemos. Justo aquello de lo que acusa Ximo Puig a Isabel Díaz Ayuso, lo hace él. Madrid es la capital de España desde que en 1561 Felipe II tomó la decisión de trasladar la corte. Así que poca culpa puede tener la popular. Pero vayamos más allá. El Consell de la Generalitat Valenciana está formado por el President, Ximo Puig, dos vicepresidencias y nueve consellerías más. Aplicando las políticas descentralizadoras que se exigen a la capital de España, estos doce departamentos estarían distribuidos entre las tres provincias que componen la comunidad. Pues, sorpresa, todas las sedes están en Valencia. Únicamente la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital se ubica en Alicante quizá más por el hecho de que la Consejera, Carolina Pascual, tiene su residencia en Elche y tal vez no quiso desplazarse a Valencia. Parece que aquí también aplica el efecto “capitalidad”.
Valencia siempre ha tenido un afán centralizador que podría sea entendible. Por operatividad muchas veces es mejor que las sedes centrales de organismos oficiales se sitúen en las capitales para facilitar las gestiones múltiples evitando desplazarse de una ciudad a otra. Hoy en día, con el desarrollo de las sedes electrónicas que facilitan las gestiones online, el ubicar físicamente las centrales de los departamentos es una decisión más política que de eficacia, y está clara cuál es la opción elegida en la Comunidad Valenciana: centralizar. Ahora que Ximo Puig reclama que organismos nacionales abandonen Madrid para instalarse en el resto de las comunidades y el Sr. Sánchez acuerda el pasado 1 de febrero en Consejo de Ministros la creación de una Comisión (si no sabes qué hacer con algo, crea una comisión), para asesorar en el cambio de sedes del sector público institucional estatal, parecería lógico hacer lo mismo en nuestro territorio. Pero no.
Y ya que hablamos de descentralizar, el problema principal es que no se trata únicamente de cuestiones de imagen o de concentración institucional en la capital. No. Eso podría hasta pasarse por alto. La centralización que el Sr. Puig tanto ataca cuando, “pongamos que hablo de Madrid”, la aplica con mano férrea si nos referimos a las cosas de comer. Un ejemplo que se lleva años denunciando es el de los aeropuertos. Al de Manises, curiosamente en la capital, se puede llegar en metro, lo que facilita el acceso de los viajeros a la metrópoli con rapidez y comodidad. Al de El Altet, Alicante, (no pongo el nombre actual porque consumiría todo el espacio de este artículo), solo puedes acceder en coche, taxi y en los escasos autobuses que acercan a los pasajeros desde Elche, Alicante y otras poblaciones de la provincia. 21 años ya que se supone está proyectado el enlace del tren pero, mientras los políticos discuten sobre el sexo de los ángeles, los ciudadanos tenemos que soportar la incomodidad de intentar llegar a un aeropuerto que conecta con medio mundo sin tardar más tiempo que el vuelo que pretendemos abordar.
Y a cuenta de para qué se usa el dinero que el Sr. Puig y su Consell maneja, imaginamos que con arreglo a los principios de estabilidad y sostenibilidad financiera y, por supuesto, con inclusividad y perspectiva de género, estos últimos meses se ha hablado mucho de los aparcamientos disuasorios. Estos estacionamientos son los que se sitúan en las afueras de las ciudades y contribuyen a que el ciudadanos deje su vehículo allí y utilice el servicio público para acceder a los centros urbanos, favoreciendo de esta manera la mejora del medio ambiente, bandera que enarbola con habilidad la izquierda, sobre todo cuando conlleva alguna medida fiscal que engorde sus arcas. Pues bien, el 9 de diciembre pasado, el Ayuntamiento de Alicante, por boca de su concejal de Movilidad, D. José Ramón González, anunció el inicio de dos proyectos que pretenden avanzar en la descongestión de las ciudades. Un total de 261 plazas de aparcamiento en el barrio de San Gabriel con un coste para el consistorio de más de 427.000 euros. Ese importe sale de los presupuestos municipales y es loable la preocupación del equipo del Sr. Barcala y pocos peros se pueden poner al uso de la partida destinada a este fin. Y ahora aparece el “descentralizador” Sr. Puig. ¿Qué han hecho en Valencia CAPITAL? Siguiendo la misma línea de aliviar las urbes, también allí se han planificado aparcamientos en los alrededores de las ciudades y en los aledaños de las estaciones de Metrovalencia y Adif. 32 millones de euros se van a invertir en un proyecto de características similares al de Alicante aunque a mayor escala, con 17 nuevos parkings. Y aquí viene la diferencia: la financiación es íntegra de los presupuestos de la Generalitat, como anunció a bombo y platillo el conseller de política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, el 15 de diciembre, solo seis días después del anuncio alicantino. No entro en discutir si son o no buenos proyectos, que ya habrá gente experta para eso, pero quizá, sólo quizá, la diferencia de la procedencia del dinero sea significativa. Los de Valencia, los pagamos todos los valencianos y los de Alicante los pagan los alicantinos. ¿Seguimos descentralizando, Sr. Puig?
A lo mejor, modificando el trabalenguas, “…el descentralizador que centraliza, buen descentralizador será” encontramos la solución.
