En la sociedad actual, el concepto de «justicia social» se ha convertido en un estandarte que, enarbolado por algunos, pretende garantizar la equidad y la distribución justa de la riqueza. Sin embargo, detrás de este término se esconde una realidad que puede resultar, cuando menos, desconcertante para muchos. En este artículo, nos sumergiremos en un ejercicio analítico para explorar la cuestión: ¿Quién de verdad explota al trabajador?
Imaginemos una situación común: un empleado genera un valor de 50.000€ para un empresario. Este monto podría considerarse como el coste total que representa el trabajador para la empresa. Desglosemos esta cantidad: de esos 50.000€, el empresario paga 13.500€ al estado en concepto de cotizaciones sociales y le entrega al trabajador un salario bruto de 36.500€. Parece justo, ¿verdad?
Sin embargo, la realidad es más compleja. De esos 36.500€, el trabajador tiene que aportar 1.460€ en cotizaciones y abonar 16.425€ en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Así, el neto que percibe el trabajador se reduce a 18.615€. Pero la historia no termina ahí.
Supongamos que el trabajador decide consumir 15.000€ de su salario neto. De esta cantidad, 3.150€ irán al estado en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). De los 3.615€ restantes, se tendrán que enfrentar a otros impuestos como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), entre otros gastos.
Al final del día, de los 50.000€ que inicialmente generó el trabajador, más de 34.535€ terminan en las arcas del estado, lo que supone un 70% del total. Para el trabajador, solo quedan 18.615€, apenas el 30% del valor que ha generado con su trabajo.
Esta radiografía de la distribución de la riqueza generada plantea la incómoda pregunta: ¿Quién de verdad explota al trabajador? Se podría esperar que el empresario, al pagar un salario, estuviera compensando justamente al empleado por su labor. Sin embargo, la porción sustancial del pastel se la lleva el estado bajo el pretexto de la «justicia social».
Si el objetivo de los impuestos y las cotizaciones es garantizar el bienestar y nivel de empleo de la población, surge una propuesta lógica: si el gobierno realmente se preocupa por el bienestar de los trabajadores, ¿por qué no opta por gastar de manera más eficiente y ceder una parte más significativa de los ingresos a quienes generan la riqueza?
La insistencia en las subidas del salario mínimo se entiende mejor en este contexto. Al incrementar el salario mínimo, automáticamente se eleva la cantidad que el estado recibe en impuestos y cotizaciones, sin necesariamente traducirse en un incremento significativo en el poder adquisitivo del trabajador.
La noción de «justicia social», por tanto, necesita ser revisada y cuestionada. Deberíamos preguntarnos si el actual sistema de redistribución realmente está al servicio del ciudadano común, o si, por el contrario, está diseñado para alimentar una maquinaria burocrática que consume la mayor parte de la riqueza generada por trabajadores y empresarios.
En definitiva, el debate sobre quién de verdad explota al trabajador debería ir más allá de la simple dicotomía entre empresa y empleado. Es crucial evaluar cómo las políticas fiscales y de redistribución de la riqueza impactan en el bienestar de la sociedad y cuestionar si los principios de «justicia social» se están aplicando de forma justa y equitativa.
