martes, 21 mayo, 2024

El Tribunal de Cuentas lleva la cuenta del dinero del 1-O: ¿3,4 millones de euros gastados?

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Javier Torres
Javier Torres
Javier Torres es el director del medio de comunicación digital Eco de Libertad, que ofrece noticias y podcasts con enfoque conservador, inspirado en los medios estadounidenses de la misma corriente. Nacido en Zaragoza, España, Torres es un periodista veterano con décadas de experiencia en el ámbito del periodismo, tanto en importantes medios de comunicación españoles como en algunos internacionales. En sus artículos de opinión y noticias, Torres defiende con firmeza sus ideales conservadores y enfatiza el modelo de familia nuclear, el respeto a las tradiciones y la defensa de la unidad de España. A lo largo de su carrera, ha cultivado un estilo de escritura distintivo que refleja su compromiso con la integridad periodística y la defensa de sus principios. Desde su posición en Eco de Libertad, Torres aboga por la importancia de la Comunidad Valenciana en el conjunto de España, destacando su riqueza cultural y su potencial económico. Bajo su dirección, el medio quiere convertirse en un referente para aquellos que buscan noticias y análisis desde una perspectiva conservadora, comprometida con la defensa de los valores y principios que han forjado la identidad de la Comunidad Valenciana y España.

El día 17 de noviembre se prevé una vista en el Tribunal de Cuentas que afecta directamente a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y a una treintena de cargos más de la Generalitat de Cataluña.

La Fiscalía reclama a los antiguos líderes catalanes un total de 3,4 millones de euros por gastos imputables al 1 de octubre de 2017, una jornada que quedará en la historia como el intenso referendum sobre la independencia de Cataluña.

Los cargos de la Generalitat tuvieron un papel importante en los presupuestos relacionados con la organización del referéndum, y los partidos secesionistas como Junts per Catalunya o ERC contribuyeron con una parte importante a la recaudación de fondos.

En su momento, el Consejo de Garantías Estatutarias, a cargo de Carles Viver -ex altas autoridades de la Generalitat, – estableció un informe jurídico en el que se afirmaba la ilegalidad del referéndum.

Ahora, el Tribunal de Cuentas debe evaluar si los dineros gastados cumplen con los controles financieros y estatales requeridos para el buen uso y disposición de los fondos públicos.

José Enrique Fernández de Moya, portavoz del Tribunal de Cuentas, explicó que «estamos examinando los documents relacionados con los presupuestos para determinar si hubo errores en su uso».

Puigdemont, Junqueras y el resto de los involucrados parecen tener una buena influencia entre los diputados, ya que, incluso con Celaá al mando, la ley de amnistía aún no ha sido votada. Esa ley —si llega a aprobarse— marcaría el destino de los fondos y podría exonerarles de responsabilidad.

Algunos consideran que aplicar la amnistía es una buena solución, ya que el referéndum del 1-O fue un tema que polarizó a la mayor parte de la sociedad catalana y el resultado del mismo fue considerado ilegal por la normativa española.

Por ahora, ambos campos mantienen su postura. La Fiscalía sostiene que los presupuestos deben ser devueltos al Estado, y los antiguos líderes catalanes creen que las limitaciones establecidas a raíz del 1-O deben ser aliviadas. El juicio del 17 de noviembre ayudará a establecer qué resultado se aplicará y cuál será el futuro de la situación.

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