Hemos asistido a un acontecimiento que ha removido los cimientos de la Administración Biden. El juez federal Terry A. Doughty ha fallado en favor de los fiscales republicanos de Missouri y Louisiana, sentenciando que altos funcionarios de la Administración Biden tienen prohibido comunicarse y reunirse con las empresas de las redes sociales. El mismo juez ha declarado que los demandantes «produjeron evidencia de un esfuerzo masivo de los acusados, desde la Casa Blanca hasta las agencias federales, para suprimir el discurso basado en su contenido».
La batalla legal fue emprendida por el hoy senador de Missouri, Eric Schmitt (R), quien celebró el fallo en Twitter, proclamando: «Gran victoria para la Primera Enmienda en este Día de la Independencia«. Schmitt agregó que «Los funcionarios de la Casa Blanca, los CDC y otros están detenidos en seco. Necesitamos continuar la lucha para acabar con la Vast Censorship Enterprise. Su visión de la ‘desinformación’ no es una excusa para censurar. Este es el caso de libertad de expresión más importante en una generación. La libertad está en marcha«.
La demanda sugería que la Casa Blanca de Joe Biden había ejercido presión sobre las empresas de redes sociales para que censurasen contenido relacionado con el Covid-19. Esta acción, según los estados demandantes, constituyó una de «las violaciones más atroces de la Primera Enmienda en la historia de los Estados Unidos de América«. En un mundo en el que la verdad es cada vez más difícil de discernir, la intervención en el libre discurso por parte de los poderosos es una amenaza para nuestra democracia.
La decisión del juez Terry A. Doughty, nominado por Donald Trump y aprobado sin resistencia en el Senado con 98 votos a favor en marzo de 2018, supone un hito importante en la historia de la libertad de expresión en América. No obstante, existen algunas excepciones a la prohibición de que los funcionarios de Biden mantengan conversaciones con las empresas de redes sociales. Según el fallo, estos encuentros se permitirían en situaciones de sospecha de «actividad criminal o conspiraciones criminales«, «amenazas a la seguridad nacional, extorsión u otras amenazas» o delitos relacionados con las elecciones estadounidenses.
Este es un recordatorio de que el poder de las Big Tech no debe ser malversado ni manipulado por aquellos que tienen en su mano las riendas de un gobierno. La libre circulación de ideas y el acceso a la información son principios fundamentales que deben ser preservados y defendidos. El intento de censura por parte de la administración no solo ha sido detenido, sino que también ha sido expuesto a la luz pública, demostrando una vez más la importancia de mantener a raya a los poderes fácticos.
