Últimamente en las tertulias que asisto en Radio Intereconomía o las que oigo cuando el tiempo me lo permite se repite mucho una palabra, “burocracia”, y si lo analizamos adecuadamente podríamos llamarla sin despeinarnos “la losa de la burocracia”. En España se publican unas 900 leyes que suponen unas 960.000 páginas de regulación al año donde entre el Gobierno y comunidades autónomas publican casi 8 millones de páginas de regulación, y me pregunto, donde quedo aquello de cuidar el medioambiente que siempre vemos en todos los pies de correos electrónicos de cualquier empresa eficiente del tipo: P Antes de imprimir este mensaje, por favor, compruebe que es necesario. El Medio Ambiente es cosa de todos, me viene isofacto a la cabeza la siguiente frase “La burocracia se expande para satisfacer las necesidades de la burocracia en expansión” de Oscar Wilde.
El funcionamiento eficiente de los mercados y las empresas redunda en beneficio de los poderes públicos, las empresas, los interlocutores sociales y los ciudadanos. Ese funcionamiento depende cada vez más de la normativa que lo regula. Ya decía la Comisión Europea en el año 2005, han pasado 17 años y parece que lo más importante para los políticos es legislar cuanto más mejor, pero no legislar mejor.
Además, la propia Comisión Europea, en su documento “Legislar mejor para potenciar el crecimiento y el empleo de la Unión Europa”, estima que los beneficios económicos derivados de la reducción de cargas administrativas podría provocar un aumento del 1,5% en el PIB comunitario, lo que supondría al menos 150.000 millones de euros, casi ocho veces más que el presupuesto que se asignó Irene Montero en su ministerio recientemente. Y seguimos con el run, run de anuncio de ley tras ley.
La CEOE publicó en su informe “Inventario de las distorsiones de la unidad de mercado”, en el que llama a “abordar medidas concretas tendentes a evitar la profusión y dispersión legislativas que afectan al normal desarrollo de la actividad empresarial”, para lo cual “es imprescindible identificar aquellas piezas legislativas que constituyan solapamientos a fin de eliminarlos, así como establecer los medios legales adecuados que impidan estas duplicidades en el futuro”. Precisamente, en este sentido, el Congreso ya dio luz verde hace bastante tiempo a la Ley de Unidad de Mercado, por la que los empresarios necesitarán la licencia de una sola Comunidad Autónoma para operar en todo el territorio nacional, afortunadamente.
Un estudio de Francisco Marcos y Juan Santaló, del Instituto de Empresa, muestra que, cada vez que se duplica el número de leyes, la tasa de crecimiento anual de la productividad se reduce un 3,5%. Además, hay informes por la parte que me toca, que avalan que el aumento de la intensidad regulatoria perjudica la investigación tecnológica, lo que se traduce en descensos de las solicitudes de patente, de modelos de utilidad y de diseños industriales.
Como dice Julio Pomés Ruiz, presidente del Think Tank ‘Civismo’, una forma de medir esta expansión normativa es el número de páginas en los Boletines Oficiales. Aunque esta vía tiene el defecto de no controlar la calidad de la regulación, tiene la virtud de mostrar de un solo vistazo hasta qué punto se ha disparado el afán intervencionista. Desde 1978, la cifra de páginas publicadas en los Boletines se ha multiplicado por más de treinta. Además, de acuerdo a un recuento de la CEOE, las diferencias entre Comunidades autónomas son enormes.
Sabemos muy bien que lo que los políticos nos dan con una mano nos lo están quitando del bolsillo, vía impuestos, con la otra. Muchos gobernantes y parlamentarios piensan que pueden resolverlo todo con incontables normas. Sin embargo, lo que consiguen es que las empresas empleen más recursos humanos en cumplir con esas regulaciones, lo que deriva en mayores gastos, lo que repercute en unos sueldos menores para sus trabajadores o en una pérdida de competitividad. En Canadá se aprobó que por cada nueva ley que se apruebe se quiten dos de las anteriores, porque son conscientes de la necesidad de simplificar el sistema. Ojalá los Parlamentos autonómicos tuvieran más calidad y menos cantidad en su producción jurídica. ¿Por qué antes de aprobar una ley no se comprueba si la legislación nacional o la comunitaria la hacen imprescindible? El problema es que se dedican más a sus películas partidistas que a resolver el cometido por el que se les paga: elaborar las normativas imprescindibles que nos hagan más fácil la vida a las personas y a la economía.
Como dice Joan Salvador Vilallonga, la sobrerregulación es el exceso de leyes que una administración tiene en vigor para la población a la que rige. Las consecuencias de este fenómeno, a corto plazo, son la confusión y la querulancia. A largo plazo lo que pasa es que el legislador parece tratar a los ciudadanos como si no pudieran pensar por sí mismos.
Es evidente que la sociedad necesita leyes para funcionar. Son la manera de que las personas tengan claro qué se puede hacer y qué no. Por lo tanto, al hablar de sobrerregulación no se habla de un problema con la ley consigo misma, ni con su número. El problema aparece cuando las leyes se contradicen entre ellas y cuando, en su función reguladora, dejan a personas desprotegidas.
En nuestro país nos afecta la regulación que proviene de 4 legisladores: los ayuntamientos, las comunidades autónomas, el estado español y la Unión Europea. Un claro ejemplo de ello es el sector del comercio electrónico, está regulado por once leyes diferentes. Ni tres, ni cinco. Once.
Además, tenemos que tener en cuenta que este exceso de producción de legislación que obliga a un coste tanto material como humano para estar actualizados, tanto a las empresas como a la administración, lo que redunda en un farragoso proceso el poder realizar cualquier proceso o trámite administrativo. Esta complejidad de los trámites administrativos redunda en la creación de empresas, en la inversión en I+D+i, en la creación de empleo y en la creación de riqueza que redunda en una mayor calidad de vida.
En esta era digital debemos posicionarnos en la reducción del exceso de leyes y normativas en todos los ámbitos de la sociedad y la reducción de toda la tramitación administrativa, tendiendo a la telemática y que todos los datos que ya obren en poder de la administración correspondiente no se necesario su presentación constante, pero parece que aquí solo hacen los deberes “el poble”, si ya se dice en un dicho popular, “haz lo que yo diga pero no lo que yo haga”, por algo será.
